La ventaja de Pedro Sánchez, con los defensores del Estado de
Derecho y el cumplimiento estricto de la Ley, es que sabe exactamente cuándo se
van a liar a tiros con él: Hasta el 8 de octubre no se abre el periodo en que
está permitida la caza mayor.
Dispone, pues, de un mes y 6 días para poner sus asuntos en orden, huir
del país (de El País es imposible) u organizar sus tropas para un contraataque
en el que no se harán prisioneros y dejarán un PSOE, con vocación
extraparlamentaria, dando puñetazos al aire como un boxeador sonado que intenta
noquear a un rival imaginario.
Desde fuera se ve la escena con más perspectiva, en toda su
extensión, y se pueden apreciar mejor los matices que confieren importancia a
cada actor. El Partido Popular,
como es de dominio público, es una organización delictiva que está siendo
investigada por la justicia. No es que sufra casos internos de corrupción en
algunos destacados miembros, no, es que en su estructura todo está previsto y
dispuesto para detraer de las arcas públicas cuanto más dinero mejor, con la
intención de financiarse ilegalmente, amasar grandes cantidades de dinero negro
con el que manejar recursos extraordinarios para comprar voluntades y, cómo no,
repartir generosamente parte de esas mordidas entre sus dirigentes, que gozan
de un nivel de vida propio de nuevos ricos horteras y casposos. Por si su determinante gen delictivo no
fuera suficiente, de lo que se trata es de permitir, por acción u omisión, que
el Partido Popular gobierne España.
El mismo partido que, con la excusa de la crisis, ha metido
en la picadora los derechos laborales, conseguidos tras duros años de lucha de
la clase trabajadora, ha hecho con ellos unas ricas albóndigas y se las ha
arrojado a la CEOE para que las devore con fruición. Además, ha desguazado un
modélico sistema público de salud y lo ha vendido por piezas a sus amigos de la
iniciativa privada, que han obrado el milagro de prestar peores servicios por
mucho más dinero; ha convertido la Educación en un muñeco de goma que echarle a
los lobos de la Conferencia Episcopal para que afilen sus garras y colmillos;
han dejado tirados, literalmente, a millones de personas dependientes y usado
como excusa una falsa recuperación económica que no ha sido tal, sólo un
trampantojo que ha trasladado la deuda privada a pública (superando el 101% del
PIB), para barnizarlo y lucirlo en los informativos de televisión como los
decorados de los inexistentes pueblos de las películas del oeste.
¿Y el paro? Otra mentira más, y van… Esos millones de
puestos de trabajo que dicen ¿? que han creado, responden a dividir por tres o
cuatro cada uno anterior a la crisis (aunque la suma de salarios siempre quede
por debajo), con lo que el drama del desempleo tampoco se ha resuelto, sólo han
puesto en marcha un sofisticado sistema de precariedad y temporalidad.
¿Habrán resuelto el sacrosanto problema del déficit,
entonces? Tampoco, hasta hace dos días bailaba sobre nuestras cabezas la Espada
de Damocles de una multita de 6.000 millones de euros de nada por el
incumplimiento sistemático de las cifras comprometidas con Europa.
En resumen: Apoyar, por activa o por pasiva, un gobierno del
Partido Popular significa convertirse en cómplice de una organización delictiva,
nacida para robar el dinero de todos y que, cuando ha ejercido el gobierno, se
ha esforzado más en mentir para disimular su torpeza, incapacidad e inoperancia
que en resolver los problemas que acucian a la gente. Y ya puede decir lo contrario La COPE, La SER, El País, El
Mundo, ABC, La Razón, Público (con más disimulo), Atresmedia, Mediaset, RTVE,
los medios de la caverna o la revista Atalaya. Si todos se financian con los jugosos contratos de
publicidad institucional (más otra serie de gabelas ocultas), todos tienen
motivos para mentir.
En cualquier caso, no haría mal Pedro Sánchez en irse
haciendo con un chaleco antibalas, no vaya a ser que cualquier furtivo le
dispare antes del 8 de octubre.
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