¡Qué lástima de país!

Si algo hay que reconocerle a los miembros del Partido Popular es su afán de superación. Si un dirigente ha robado un millón, su sucesor robará dos; si un alto cargo “desvía” dinero de partidas con una cierta sensibilidad social, el que venga detrás carecerá de asuntos intocables y, aparte de la Iglesia, que también se lleva lo suyo, nadie estará a salvo de su rapiña.  La gente ya se ha acostumbrado a los informativos que abren con noticias de alcance sobre detenciones de X dirigentes o los nombres ingeniosos con que bautizan las distintas operaciones.  Hay un dato, sin embargo, que echo de menos: La suma de todos los dineros del Estado que se han llevado los Gürtel, Púnica, Lezo, Taula, Brugal, Palau, Auditorio, EREs, etc.  Probablemente descubramos que la tal “crisis” fue una oportuna cortina de humo para distraer la atención y robar, con mayor impunidad si cabe, los limitados recursos que había en la caja común.

Siendo esto grave, si nos paramos a pensar que, quien realmente sabe cuánto dinero hay en cada cuenta, en qué se emplea, de dónde viene y a dónde va, son los bancos; descubriremos un “a modo de simbiosis”, para ocultar montantes ya de dos cifras de % del PIB volatilizados que, de conocerse, sacarían de su letargo al ciudadano más sofronizado y provocarían una revolución que dejaría la Toma de la Bastilla en un cumpleaños en casa de Ana Mato. O tampoco, quién sabe.

No nos faltan indicios para sospechar con fundamento que, cuando se refieren a la división de poderes, en realidad hablan de la división del botín. Tanto para ti, tanto para mí, tanto para el partido, tanto para tal empresa, tanto para … De otro modo, no es comprensible en ninguna circunstancia la proliferación en el ámbito judicial de una nueva figura: El Fiscal Defensor, que se erige en paladín de los reos ilustres y torpedea sistemáticamente los sumarios de los procesos abiertos.

Que un importante cargo del Estado, denominado Fiscal Anticorrupción, trate con su enorme poder de evitar imputaciones, dicte cómo deben actuar en la sala (siempre a beneficio de inventario) y prohíba que, a fulanito, se le acuse de no sé qué delito por muy fundamentado que esté, llevaría en cualquier país serio de nuestro entorno a: Destitución inmediata del Fiscal Anticorrupción, cese del Fiscal General del Estado, dimisión, con disculpas incluidas, del Ministro de Justicia, apertura automática de una comisión de investigación de las de verdad, y sometimiento de Jefe de Gobierno a una moción de confianza en el Parlamento. Es un hecho gravísimo.

No contentos con el Dontancredismo envuelto en impunidad, ahora trasciende que, cuando se conoció al detalle la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su hermano corrió a reunirse con el Secretario de Estado de Interior (número dos de su ministerio y, como secretario de estado, miembro del gobierno), en la propia sede del Ministerio. El mismo procedimiento que debería haberse producido en Justicia es aplicable para Interior (que ya tiene arañazos por el piso del Director General de Tráfico) pero son de un desahogado que asusta.

Viéndolo todo con un mínimo de perspectiva, podríamos conjeturar la razón de estos comportamientos: Si, en una primera estimación y tirando por lo bajo, se cree que Ignacio González ha podido “distraer” 23 millones de euros de los que ha destinado 1 a sanear las cuentas del partido, quedan 22. Si, insisto, conjetura, se hubiera quedado con 12 (que suena a poco pero serían 2.000 millones de pesetas), aún le quedarían otros 10 para ir untando por aquí y por allá y mantener engrasada la maquinaria.  Lo que llama la atención, como una mascletá en un velatorio, es que con unos ingresos anuales de 110.000 € (para mí los quisiera yo), moviera anualmente mas de 3 millones.

Debemos rendir pleitesía, algo bueno tiene que salir, a la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa porque, conociendo las implicaciones nada halagüeñas de los ministerios de Justicia e Interior, no alcanzo a imaginar las presiones a que deben estar sometidos y, aún así, siguen investigando y recopilado pruebas de un peso brutal, a pesar que que una "voz en off" avise a los investigados para que destruyan la documentación que les comprometa. Mi aplauso así como a los jueces que, desde diferentes instancias, instruyen los sumarios con tanta profesionalidad como escasez de medios y colaboración.

Si este fuera un país serio, el Gobierno avergonzado o el Parlamento indignado, disolvería las cámaras y convocaría nuevas elecciones por pura higiene y salud democrática pero, como este es el país del “Vivan las caenas”, ante la multitud y la gravedad de los casos que vienen apareciendo (amén de las distintas indignidades perpetradas en su diaria acción de gobierno), el Partido Popular con su sede trasladada forzosamente a Soto del Real, alcanzaría 300 diputados de 350 en litigio.

¡Qué lástima de país!