Todos los medios de comunicación se han hecho eco del
ingreso en la prisión del Segovia del ex ministro de Aznar y ex Presidente del
Gobierno Balear, Jaume Matas pero, al margen del hecho ¿noticiable? de un
delincuente que entra en la cárcel ¿qué hay alrededor de este suceso?
Viéndolo como algo aislado, podríamos concluir que, pese a
lo leve de la pena y las diferentes maniobras dilatorias, la Justicia actúa;
con una lentitud exasperante pero actúa.
Pero basta con retroceder unos pasos y tomar perspectiva
para comprobar que este caso no es más que una pequeña, significativa pero
pequeña, pieza de un puzzle de latrocinio indiscriminado al que, con algunas
honrosas excepciones, han sometido a nuestro país los dirigentes que lo primero
que hicieron, tras “pisar moqueta”, fue pedir las llaves de la caja.
Los costes de la obra pública hinchados hasta el infinito,
las adjudicaciones a precio salvaje, las privatizaciones con inversión cero y
beneficios astronómicos, la falsificación de gastos y facturas a mayor gloria
de la cuenta bancaria, el expolio sin freno de las cajas de ahorros o la
construcción de estructuras inútiles y edificios megalómanos han dejado las
arcas del Estado en un estado de anemia comatosa del que tardaremos décadas en
recuperarnos.
La nómina de imputados hasta ahora (la punta del iceberg)
afecta por igual a miembros de los gobiernos central, autonómicos y locales, de
todos los colores aunque, justo es señalar, parece que las ideas conservadoras
llevan aparejadas un mayor “cariño” por la caja común.
Sumando lo que se conoce más lo que se sospecha, la cantidad
de dinero público que ha ido a parar, distraídamente, a manos poco
recomendables, podría ascender a una cifra superior al 10 % de PIB nacional. ¡Nos han robado por encima de nuestras
posibilidades!
¿Qué hacer? El Estado
tiene herramientas sobradas para investigar, señalar, acusar, juzgar y condenar
a todos los que han perpetrado este trasvase de dinero público a bolsillos
privados. Por lo tanto, es imprescindible
conceder una prioridad absoluta, con la independencia y los recursos necesarios
para que llegue a buen fin; siendo premisa fundamental que, cada condena, lleve
aparejada la devolución de lo defraudado o sustraído más los intereses que
correspondan. Este es primer paso para
lograr la auténtica regeneración democrática que tanto necesitamos.
Una vez reintegrado ese dineral a la caja general,
comprobaríamos que todo lo que nos han contado es mentira; no era necesario
ningún recorte a nuestros servicios públicos, la revitalización económica sería
inmediata y el empleo estable y de calidad se recuperaría como por ensalmo.
Nadie duda que el Estado necesita unas reformas que lo hagan
más cercano, humano, democrático y eficaz pero, si no cambiamos de raíz determinados
usos y costumbres enquistados en la clase dirigente, solo habremos lavado la
cara del edificio y los cimientos seguirán podridos y con riesgo de
derrumbe. Y esto va para TODOS, los que
han gobernado, gobiernan o tienen intenciones de gobernar.
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