Lo ético y lo legal

Una asesoría verbal podría consistir, aproximadamente, en esto:

-Hola, Vicente, qué te cuentas

-Poca cosa. ¿Quieres tomar algo?

-Va, un gin tonic pero sin gilipolleces, solamente ginebra, hielo y tónica.

-Cómo se nota que te gusta lo clásico.  Me tomaré yo otro…  Vaya viento que se ha levantado.

-¿Cómo dices?

-Viento… levantado…

-Ah, vale.  Sí, levantaremos un parque eólico.

-¡Ese es mi chico!

Si atendemos a las explicaciones que no explican nada, dadas por Martínez Pujalte y Federico Trillo, sobre el motivo para que la empresa vallisoletana Collosa les abonase 429.000 euros, ingresados en sus respectivas consultorías, y en el amparo concedido por el Congreso de los Diputados para permitir saltarse la dedicación exclusiva de sus miembros, contemplada en la ley; volveríamos a creer en los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez y en la honradez del Partido Popular.

Destaca el hecho de la “asesoría verbal”, que no es otra cosa que un eufemismo más para disimular la opacidad de su intervención ya que no hay documentos de ninguna clase que determinen el sentido de esta ni los conceptos por los que se ha percibido el dinero.

Todo sería muy bonito y muy legal salvo por algún pequeño detalle:  Ambos pertenecen al órgano legislativo del Estado por el que pasan, obligatoriamente, todas las leyes que se aprueban en este país, la autorización para compatibilizar trabajos privados con el cargo público, se circunscribe precisamente a lo privado, quedando expresamente fuera de ella, toda aquella intervención relacionada con concesiones, gestiones, construcciones o adjudicaciones públicas porque pueden ensuciar la labor del legislador y pervertir la preceptiva lealtad institucional.  De modo que, asumida por todos la ausencia de ética en esta “asesoría” a una empresa que levantó los parques eólicos en Castilla-León, en suelo público y por adjudicación pública; la cacareada legalidad del caso queda seriamente comprometida.

Llama la atención, como en otros muchos asuntos, la reacción defensiva inmediata de sus compañeros de bancada, con el portavoz a la cabeza, exigiendo una relajación del régimen, ya laxo, de incompatibilidades del Congreso y, tampoco debería extrañarnos, una vez que los juzgados se interesen por el asunto y emprendan acciones contra los implicados, que estos dos destacados miembros de la historia del Partido Popular, pasen a engrosar las ya nutridas filas del “ese señor al que usted se refiere”.

Habría que estudiar a fondo si, para ser dirigente del PP, es necesario estar relacionado con asuntos turbios o si es su pertenencia a la cúpula del partido la que les confiere esa capacidad protodelictiva que el tiempo se encarga de desarrollar.  Lo que va quedando cada día más claro, es que ha dejado de ser una excepción y, poniendo sobre la mesa (una gran mesa) todos los casos conocidos y los que quedan por conocer, no estaría de más hacer una lectura del espíritu de la Ley de Partidos, en base al daño irreparable causado a la sociedad, y estudiar si procede la ilegalización del Partido Popular.

En política, como en los demás aspectos de la vida, la Ética y la Legalidad son los dos raíles paralelos por los que transitan nuestras actuaciones públicas y privadas y en el momento en el que se separan, el tren, inevitablemente, descarrila.