Una instalación municipal cuya correcta adaptación a la
normativa vigente, en materia de seguridad, no quiso firmar ningún técnico del
Ayuntamiento de Madrid para no pillarse los dedos y que, por lo tanto, no tiene
los permisos exigibles a cualquier edificio que albergue eventos
multitudinarios ni es sometida a las inspecciones pertinentes.
Una empresa promotora de eventos, inhabilitada para
contratar con la administración por sus deudas con la Seguridad Social y otros
estamentos.
Una empresa promotora de eventos con un expediente plagado
de multas y sanciones (más de 50) por diferentes conceptos.
Un ayuntamiento que, para salvar la imposibilidad de
contratar con esta empresa mediante el procedimiento administrativo
establecido, se sirve de un contrato privado (¿legal?) para suscribir el
alquiler del espacio (aún no conocemos el precio del alquiler ni si se ha
satisfecho en tiempo y forma).
Un evento multitudinario cubierto por sólo ¡cuatro! agentes
de seguridad privada en el interior del recinto.
Una nebulosa indescifrable a la hora de determinar cuál es
el aforo legal de este espacio.
Una maraña de datos, testimonios y sospechas sobre cuál era
la cifra real de asistentes a la fiesta aunque, todos los indicios, apuntan al
doble de lo declarado por la empresa.
Una práctica fraudulenta, llevada a cabo en algunas otras ocasiones,
consistente en encargar dos juegos completos de entradas, con la numeración
duplicada, a varias imprentas; que permiten disponer del doble de entradas a la
venta declarando sólo la mitad y que, como cautela necesaria, debería
investigar el juez, así como los ingresos obtenidos por este concepto.
Un vicealcalde que, en el primer momento, actúa como
portavoz y defensor de la empresa con cuyo propietario niega cualquier relación
personal.
Un grupo incontrolado, más o menos numeroso, de asistentes
que penetró en el recinto sin entrada formando una avalancha que contribuyó a
aumentar el caos.
Un número indeterminado de irresponsables que, para
satisfacer no sé qué impulsos estúpidos, lanzó elementos pirotécnicos en un
recinto abarrotado.
Una salida en forma de embudo/ratonera con una puerta, al
parecer, cerrada que fue arrancada por los asistentes que pretendían salir.
Una serie de excusas balbuceantes e inverosímiles proferidas
por los responsables políticos del ayuntamiento.
Una rueda de prensa vergonzosa de la Alcaldesa de la que se
puede deducir lo siguiente: Los
culpables son los jóvenes que acuden a divertirse y, como consecuencia, para
evitar que vuelva a suceder, no se autorizarán más macrofiestas de ningún tipo
en instalaciones municipales; que es como prohibir el tráfico para evitar
accidentes, en vez de regularlo.
¿Existe un reglamento municipal que regule este tipo de
eventos? ¿Está actualizado? Si no existiera ¿Se procederá a su
elaboración? ¿Se hará público?
Lo único que tenemos claro:
4 vidas jóvenes truncadas.
5 familias destrozadas, presas de un dolor infinito.
Nadie tiene la catadura moral necesaria para hacerse responsable
y, tras poner en manos del juez toda la información y documentación que obre en
su poder, dimitir de su cargo y aceptar las consecuencias en vez de hacer lo
posible por ponerse a salvo pasando por encima de lo que haga falta.
Tristeza e indignación a partes iguales…
1 comentario:
Tenias razón con lo de las entradas, han vendido casi 20.000, el doble de lo declarado y eso es un delito muy grave al que hay que sumar las consecuencias tragicas. A la carcel con ellos, que no se libre ninguno, sea quien sea
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